LA ALCALDESA DE MANILVA REPRESALIA A ARQUEOTECTURA POR DENUNCIAR PÚBLICAMENTE EL DESPIDO DEL ARQUEÓLOGO MUNICIPAL.

Bajo cualquier régimen totalitario los actos en defensa de la justicia contra las actitudes corruptas de sus gobernantes obtienen una respuesta contundente. Estas sociedades coercitivas siempre provocan una asociación clara entre el propio régimen y sus adeptos contra una mayoría ciudadana silenciosa y, sobre todo, contra la minoría que se atreve a alzar su voz acompañando al barquero en su canción de todos los siglos.

La soberbia del poder, especialmente cuando lo detentan personas con escasa cualificación intelectual (no por casualidad los más atrevidos, por mor de su ignorancia), esa soberbia digo, engendra enfrentamientos desiguales. En la España actual, pero también en la Manilva de hoy, puede considerarse traducida en una especie que me (dis)gusta denominar “violencia de clase”. Es decir, el uso de la fuerza (no necesariamente física) y la intimidación por la clase política para controlar, dominar, callar a la clase ciudadana. Porque, admitámoslo, hace años que estos dos grupos que menciono separaron sus caminos y viven en realidades distintas, paralelas, irreductibles (si es que alguna vez comulgaron juntos).

A riesgo de ser simplista, constato cotidianamente el acierto de esta proposición. No distingo entre enfoques o ideologías: la violencia de clase no es privativa de ninguna agrupación política pues se ejerce desde cualquier posicionamiento ideológico. Basta ojear la prensa un solo día para obtener las pruebas necesarias que lo demuestran. Y esta antiquísima y renovada violencia es hija natural de la corrupción. Los políticos corruptos son individuos temerosos. Conocen su debilidad y temen su caída continuamente. Han de apuntalar la inminente ruina de su cacicazgo con golpes de efecto, con hechos coactivos, con discursos mentirosos, con despidos alevosos.

Por su parte, la honradez es una virtud ciudadana y, por tanto, no toca a estos personajes, que se refugian en su sectaria autocomplacencia y en los cortesanos elogios de camarillas, clientelas y estómagos agradecidos. Aspiran a la riqueza material, para cuyo acopio -al parecer- están especialmente dotados, y, en consecuencia, sienten como permanente amenaza a los trabajadores honrados. E igualmente, en consecuencia, ejercen su violencia del modo que a ellos más les dolería: en la economía de sus contrarios, los ciudadanos. Pongamos por caso: los proveedores del ayuntamiento donde reinan.

La traducción concreta de esta larga introducción es la siguiente: la alcaldesa de Manilva y su asesor jurídico remitieron a Arqueotectura S. L. -el mismo día que publicamos el post que denunciaba el despido del arqueólogo municipal- un escrito donde, resumiendo, se nos dice que no pagarán los siete mil y pico euros que nos adeudan por la elaboración de la Carta Arqueológica del término municipal. Los mismos que tardaron tres años en pagar nuestra primera certificación nos acusan, por ejemplo, de retraso en la finalización del trabajo.

Como empresa actuaremos según los cauces legales para contradecir las torpes excusas de mal pagador que esgrimen en su escrito. Como ciudadanos represaliados sentimos un íntimo orgullo de haber elegido la opción correcta: está cara la libertad en Manilva, pero pagaríamos otra vez la misma cantidad para seguir diciendo las mismas palabras. Nos mueven otros valores. Somos gente honrada.

Buscaremos justicia ante el tribunal correspondiente. Mientras tanto ocurre (que no será hoy, ni mañana…), confiemos en que el dinero que se nos intenta escamotear no sirva para pagos irregulares, enriquecimientos ilícitos, dispendios inútiles, pompa ni ornamento.

Pedimos disculpas a los seguidores de nuestro blog por este coyuntural cambio de dirección en su contenido. Al tiempo, agradecemos su visita a los centenares de personas que nos han seguido en los últimos días y han firmado su protesta en change.org (podéis seguir haciéndolo aquí).